El 28 de septiembre se conmemora el día internacional por el aborto legal y seguro en el mundo. Hoy, se atestigua una lucha cotidiana por la autonomía corporal de las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, que trasciende nuestros cuerpos y se cuela a las calles, tribunales y salas legislativas.

Ana Argelia Marcelly García, mujer de 72 años, maestra, gestora cultural, madre, abuela. Este es su testimonio en primera persona, en el que cuenta cómo se convirtió también en la guardiana de la memoria de su hija, la poeta Leyla Quintana, “Amada Libertad”.

La penalización absoluta o parcial del aborto en El Salvador, Honduras y Guatemala pone en riesgo la vida y la libertad de las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar, coadyuva a que miles de niñas sigan convirtiéndose en madres y niega el derecho a la interrupción del embarazo que, desde la cosmovisión indígena, se ha dado desde hace siglos.

A los 18 años me gradué del colegio y le dije a mi mamá que quería trabajar, ganar mi propio dinero y sentirme productiva. Con la ayuda de una persona cercana, apliqué a un trabajo y me lo dieron. Yo estaba feliz.
Todo fue perfecto durante dos meses, cuando de repente… se dieron cuenta. No me preguntes cómo, simplemente un día me dijeron:
“No te necesitamos porque tienes VIH”

“Los fundamentalismos se asientan y fructifican en sistemas de desigualdad social” y la región centroamericana tiene características históricas que marcan esa desigualdad: regiones centrales metropolitanas en detrimento de zonas periféricas rurales; la región pacífica en detrimento de la región atlántica; bajos niveles educativos en la mayor parte de los países, que generan un campo de cultivo para el adoctrinamiento, ya que, con los bajos criterios de análisis, la población no puede discernir adecuadamente.

Durante la pandemia se exacerbaron los crímenes de odio, los ataques cibernéticos e institucionales contra personas activistas que no estuvieran alineadas a las narrativas oficiales de los gobiernos autoritarios, se implementaron políticas públicas represivas y la militarización fue la respuesta para contener al vector de transmisión de la enfermedad, lo que dio como resultado la vulneración de derechos humanos de diversas personas y colectivos sociales, principalmente de mujeres, personas trans y no binarias.