La penalización absoluta o parcial del aborto en El Salvador, Honduras y Guatemala pone en riesgo la vida y la libertad de las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar, coadyuva a que miles de niñas sigan convirtiéndose en madres y niega el derecho a la interrupción del embarazo que, desde la cosmovisión indígena, se ha dado desde hace siglos.
