Inicio, avance y consolidación de los fundamentalismos en Centroamérica
En las últimas décadas América Latina experimentó el surgimiento, avance y consolidación de grupos, organizaciones y figuras públicas fundamentalistas religiosas, motivadas por el propósito de eliminar el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.
Esta agenda política que a corto plazo busca restringir los derechos, libertades y autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, pretende a largo plazo incidir en la reconfiguración de la concepción del Estado de Derecho, anulando la laicidad del Estado y el sistema democrático.
Dentro de este contexto, Centroamérica es una región en la que se pueden observar los resultados más crueles de las envestidas de grupos y articulaciones fundamentalistas y antiderechos.
Década de los 70 y 80: luces de alerta
En la década de los 70, los grupos fundamentalistas empezaron a difundir una narrativa social que entrelazaba las ideas de “pecado”, “inmoralidad” e “infierno”, para acusar y condenar a las mujeres que tomaban pastillas anticonceptivas.
Debido a que el uso de anticonceptivos se volvió común en los 80, estos grupos promovieron un proceso de reformas legislativas para incluir el reconocimiento de la vida desde la concepción. En el caso de El Salvador esa propuesta fue rechazada por la ultraderecha del país en 1983, ya que los diputados afirmaron que el cambio normativo impediría la realización de abortos terapéuticos.
Pese a algunas resistencias (como en el caso de El Salvador), las crisis sociopolíticas de los 80, contribuyeron al fortalecimiento y la expansión neopentecostal en Centroamérica. En gran medida su expansión se desató en contextos de alta precarización, donde la situación de bienestar de las personas era inexistente. De hecho, muchas de estas iglesias terminaron sustituyendo las responsabilidades de los estados al suplir la prestación de algunos servicios sociales.
Década de los 90: guerra contra los Derechos Sexuales y Reproductivos
En los 90 el panorama político internacional y local cambió. En Centroamérica se inició un proceso de posguerra y reconstrucción, que simultáneamente integró la aplicación de políticas neoliberales. La derecha política comandaba la mayor parte de países centroamericanos y se experimentó un mayor crecimiento de grupos neopentecostales en los márgenes sociales.
En 1994 las situaciones anteriores hicieron que la agenda política del Vaticano se consolidara en la región. La presidencia salvadoreña promovió, ante sus pares centroamericanos, el consenso de una declaratoria en común contra la adopción de la terminología de los Derechos Sexuales y Reproductivos, para ser expuesta en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo, 1994). En dicha declaratoria, se visibilizó al istmo como un territorio donde la geopolítica conservadora del género y la sexualidad, tendrían aliados latinoamericanos acérrimos contra el avance de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Ante las dinámicas institucionales que se desarrollaron en las Conferencias de El Cairo y Pekín —sobre todo en el reconocimiento del aborto inseguro como problema de salud pública (Cairo 1994) y la recomendación para revisar las legislaciones que punían criminalmente el aborto (Pekín 1995)—, se inició por parte de los fundamentalistas religiosos, una nueva “guerra del sexo”.
Para estos grupos, los resultados de las Conferencias de El Cairo y Pekín representaban una amenaza a su autoridad y a las definiciones tradicionales de reproducción, sexualidad y cuerpo de las mujeres, que emanaba desde sus doctrinas. Como resultado, emprendieron una “nueva cruzada” político-religiosa contra la expansión de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se encarnó en su injerencia para prohibir cualquier tipo de aborto en los países por medio de reformas constitucionales y modificaciones a los códigos penales.
Los países centroamericanos se transformaron en el escenario más inhumano donde se aplicaría esta geopolítica conservadora, por medio de la prohibición absoluta del aborto. Uno de los primeros países en entrar en este proceso de prohibición a nivel mundial, latinoamericano y centroamericano fue El Salvador, luego le siguieron Honduras y Nicaragua.
Para generar la aceptación popular ante las reformas legislativas, los grupos de incidencia política conservadora crearon y difundieron el concepto de “abortista”, con el fin de deslegitimar el apoyo feminista ante las causales permitidas para una interrupción del embarazo, vigentes en los diferentes países.
Las narrativas moralistas y religiosas igualaron a una persona (según ellos) “abortista”, con una persona que realiza un acto criminal. Cuando la norma entró en vigor, trajo como resultado el encarcelamiento de mujeres jóvenes de condiciones económicas y educativas precarias, bajo sentencias de aborto u homicidios agravados, lo que conllevó a condenas de 3 años de cárcel en Honduras y a condenas de hasta 30 años en El Salvador.
Estos grupos de incidencia política fueron evolucionando a grupos antiderechos, los cuales tienen características específicas: quienes los lideran, proceden mayoritariamente de grupos de poder económico y político, y a través de las relaciones de poder logran acaparar (en algunos casos) o por lo menos asegurar, una influencia considerable sobre la vida política, legislativas, económica, financiera, educativa y cultural en sus países.
Los grupos antiderechos siempre han tenido una alta presencia en los medios de comunicación tradicionales, sobre todo en la prensa escrita (actualmente dicha presencia está migrando al campo de lo virtual y las redes sociales como espacio político de influencia).
Su transformación a grupos antiderechos, se dio al momento de la consolidación de una agenda política propia, promovida por diversos espacios sociales, culturales y legislativos. Esta agenda tiene vínculos fuertes con los sectores más ortodoxos de la Iglesia católica, de la cual retoman como pauta política, su rechazo al avance de los Derechos Sexuales y Reproductivos y su “defensa de la familia y la niñez”.
Para defender algo se debe identificar o crear al enemigo que amenaza o pone en peligro aquello que deseamos proteger. En este caso, para los grupos antiderechos el gran enemigo son los Derechos Sexuales y Reproductivos, y los enemigos concretos: el derecho al aborto y el derecho al matrimonio entre las personas del mismo sexo.
A finales de los 90, los grupos de incidencia política conservadora fueron conscientes de su poder político de incidencia global y local, para impedir el avance de los Derechos Sexuales y Reproductivos en los países.
Sus procedimientos y acciones se intensificaron. Se volvieron más visibles, estratégicos y agresivos, ganando terreno en diversos estados, desde los “confesionales” hasta aquellos que se presentaban como sistemas democráticos “laicos”.
Existe una tendencia a someter la política al credo religioso. Los linderos de lo político y lo religioso se borran o se tornan muy tenues para el político confesional. La división entre el Estado y la Iglesia desaparece. Se produce un desenfoque total en las relaciones entre el Estado (que es una sociedad total) y la Iglesia, como sociedad especial. La religión, que invade todos los ámbitos del Estado, inspira los actos de la vida pública de la comunidad.
Fuente: Rodrigo Borja/ Enciclopedia de política.
Inicios de los 2000: un “nuevo enemigo” se suma a la lista
En algunos países de Centroamérica la batalla por penalizar el aborto estaba muy fortalecida y en otros países, tenía un empuje alto. Ante esta situación y siguiendo la agenda política de los fundamentalismos religiosos, un nuevo enemigo u objetivo geopolítico, se planteó al inicio del nuevo siglo: impedir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, por medio de reformas constitucionales discriminatorias.
Los grupos antiderechos no perdieron tiempo. En El Salvador, por ejemplo, empezaron a difundir discursos en los principales periódicos del país, incentivando un nuevo pánico moral transformado en una histeria sexual, sobre la posible realización de matrimonios de personas del mismo sexo.
El pánico moral describe la erupción o ebullición social (el “clima” social) que transforma a un grupo marginal, en un “demonio popular” o en grupo “desviado”. Describe configuraciones sociales que tienen la habilidad para demonizar públicamente a un grupo o sus prácticas.
Fuente: Stalyn Cohen; 2002: Demonios populares y pánicos morales.
Esta narrativa coindice con el discurso esencialista, que justifica y dice que el matrimonio civil se da por la unión entre un hombre y una mujer, “así nacidos”. Dicho posicionamiento, además de articular el discurso tradicional de la Iglesia católica, también se posicionó contra la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), alegando que la Convención abriría una “puerta” para el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Además, continuaron profundizando en la supuesta presión que organismos de las Naciones Unidas (ONU) hacían para que no existieran reservas legales a ciertos asuntos, como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Estas arremetidas discursivas y legislativas tuvieron su primera victoria en Honduras al prohibir constitucionalmente las uniones entre personas del mismo sexo, en 2005.
Honduras es un caso paradigmático en Centroamérica por ser el primer país que prohibió —por medio de una reforma constitucional discriminatoria— las uniones entre personas del mismo sexo. El 28 de octubre de 2004 en el Congreso Nacional, los 128 diputados votaron unánimemente a favor de la reforma constitucional discriminatoria. Esta votación mostró el posicionamiento político emergente de grupos evangélicos al interior de la Asamblea Legislativa y en toda la institucionalidad del Estado hondureño. Dicha reforma fue ratificada el 29 de marzo de 2005.
Los grupos antiderechos encontraron un nuevo aliado en grupos fundamentalistas religiosos para hacer avanzar conjuntamente sus agendas políticas.
Cierre e inicio de la segunda década: los fundamentalismos neodictatoriales
En junio del 2009, Honduras amaneció con un golpe de Estado que fracturó la vida democrática del país, mediante la imposición de una dictadura militar. Por otra parte, en Nicaragua se dio una historia similar. En 2014 se modificó la constitución permitiendo la reelección indefinida, en este caso de Daniel Ortega. En abril de 2018 existió una fractura política que hasta la fecha no se ha resuelto. En febrero del 2020, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, participó de un fallido autogolpe parlamentario.
Estos procesos sociopolíticos en Centroamérica han sido respaldados por cúpulas religiosas y en el caso de El Salvador, Bukele afirmó que “Dios me habló”, para justificar sus acciones.
Las alianzas político-religiosas implican la construcción y defensa de agendas conservadoras con relación a los derechos de las mujeres y las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, asimismo, las posturas contra el aborto han resultado ser una de las banderas más recurrentes.
Centroamérica ha sido uno de los epicentros de estas alianzas, al menos así se ha reflejado en las contiendas electorales más recientes en países como Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Asimismo, las alianzas para impulsar agendas fundamentalistas entre empresas, militares y sectores políticos es otra de las características de la región.
En cuanto al éxito de las narrativas fundamentalistas, la cantidad de personas en Centroamérica que se identifican como protestantes o pertenecientes a una denominación evangélica, ha aumentado en los últimos años. Cabe destacar, que el enorme crecimiento del neopentecostalismo se ha dado sobre todo en sectores impactados por la pobreza y las múltiples violencias. Según datos de la Central Intelligence Agency (CIA) (2020):
- Honduras tiene un 41%. Este alto porcentaje ha incentivado a los pastores evangélicos a llamar a la construcción de un “Estado Cristiano”.
- El Salvador (36%) y Nicaragua (33.2%) poseen porcentajes similares.
- Costa Rica (14.9%) y Panamá (15%) presentan los números más bajos de la región.
- Para el caso de Guatemala, según una líder y activista trans, el 15% de la población se identifica como evangélica.
“Los fundamentalismos se asientan y fructifican en sistemas de desigualdad social” y la región centroamericana tiene características históricas que marcan esa desigualdad: regiones centrales metropolitanas en detrimento de zonas periféricas rurales; la región pacífica en detrimento de la región atlántica; bajos niveles educativos en la mayor parte de los países, que generan un campo de cultivo para el adoctrinamiento, ya que, con los bajos criterios de análisis, la población no puede discernir adecuadamente.
No es casual que los fundamentalismos religiosos pretendan controlar los sistemas educativos y atacar cualquier intento de programa de Educación Integral de la Sexualidad, e incluso de la propia enseñanza de los Derechos Humanos.
La presencia de partidos políticos conservadores y fundamentalistas, así como el impulso de políticas contra los Derechos Humanos, es altamente preocupante porque expresa niveles importantes de apoyo social. De hecho, las posturas contra los derechos de las mujeres y los derechos humanos tienden a convertirse en “narrativas oficiales de los estados”.
Estas narrativas se asientan en agendas fundamentalistas que tienen un impacto directo en la vida de las niñas, mujeres, personas trans y no binarias. Lo podemos ver concretamente en:
- La criminalización y encarcelamiento de mujeres jóvenes y en situaciones de pobreza, por “delitos” de aborto, debido a emergencias obstétricas.
- Los currículos educativos donde se demoniza el derecho al disfrute y el placer de la sexualidad, y se restringe para fines reproductivos.
- Tener en nuestra región, la mayor tasa de embarazos impuestos en niñas y adolescentes.
- La expulsión, discriminación y estigma hacia personas trans y no binarias.