Betty Vásquez Rivera, es una indígena lenca, feminista y coordinadora del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense (MAS) de Mujeres por la Vida, de Honduras. Los análisis y reflexiones presentados a continuación, se centran en los impactos del Covid-19 y de los huracanes Eta e Iota, la lucha de las y los defensores contra la construcción de mega proyectos presentados como alternativas económicas y de desarrollo para las comunidades y territorios, y la falta de respuesta del gobierno hondureño ante los últimos desastres naturales.
El Movimiento Ambientalista Santa Barbarense (MAS) de Mujeres por la Vida, es un espacio aglutinador de personas y organizaciones que lo integran de manera voluntaria para la defensa y protección de los bienes naturales y comunes, en el departamento de Santa Bárbara, Honduras. El grupo mayoritariamente está integrado por mujeres que inciden en la defensa del territorio tierra y cuerpo, ante el extractivismo y patriarcado.
Santa Bárbara es uno de los 18 departamentos que componen Honduras y se caracteriza por montañas hermosas, paisajes espectaculares y ríos de aguas cristalinas. Esta diversidad y riqueza natural, se puso en la mira de los proyectos extractivos, quienes no solamente están amenazándola y exterminándola, sino también, atentando contra el bien vivir de las poblaciones que la habitan.
Honduras se ha convertido en un país concesionado. El Estado ha otorgado más de 300 concesiones para la explotación y exploración minera, proyectos hidroeléctricos, agroindistruales, entre otros, dejando grandes daños al medio ambiente y a la vida de las comunidades. Desde el 2018 se tipifican 157 hidroeléctricas, siendo Cortés y Santa Bárbara, los departamentos donde más se registran estos proyectos.
2020 fue un año díficil para el mundo entero con la llegada del Covid-19, pero para la región centroamericana fue mucho más complejo porque sumado a la pandemia se unieron el paso de dos huracanes, casi al mismo tiempo. Según investigaciones, es la primera vez desde que se tiene registro, que dos ciclones azotan a Honduras en una misma temporada. Es más, los huracanes Eta e Iota tocaron tierra centroamericana en el mismo mes y de manera consecutiva, en noviembre del año pasado. Las zonas más afectadas fueron el Valle de Sula, que se encuentra al noroccidente del país y que ha sido conocido como el corazón de las trasnacionales. En este territorio el agua llegó al nivel de los tejados de las casas. La otra zona fue el Río Ulúa, en el oeste del país, donde los niveles del agua aumentaron casi un metro por encima del nivel más alto registrado durante el devastador huracán Mitch en 1998.
El 2020 fue un año que nos agarró de imprevisto, que nos dijo que no tenemos la capacidad sanitaria para una pandemia y que no solamente carecemos de un sistema sanitario. En el caso nuestro nos desenmascaró que vivimos bajo un regimen dictactorial y que las cosas se manejan bajo mentiras. Al manejarlo de esta forma se tienen escenarios muy complejos. Hemos visto cómo familiares se han muerto producto de la pandemia, pero también cómo contribuyó eso a la desmovilización social, porque nos mandaron a encerrar por tres meses, desde marzo hasta junio. Santa Bárbara, Cortés, Francisco Morazán y Yoro, son de los departamentos y municipios más afectados con casos del Covid-19”, relató Betty Vásquez.
Honduras ya había sufrido múltiples crisis durante los últimos años: represión estatal, violencia pandillera, problemas económicos, devastación ambiental, emigración masiva y, más recientemente, la pandemia de Covid-19. Los dos huracanes dejaron al menos 94 muertos y casi 4 millones de damnificados en el país y, según analistas, podrían provocar un incremento del nivel de la pobreza de un 10%, superando el 70% de la población.
A causa del coronavirus se incrementó la violencia, la brecha de desigualdad, hubo más despidos a personas que tenían empleos fijos, fueron suspendidos de sus labores, se revirtió la migración de familias enteras que se habían ido a pueblos industriales como San Pedro Sula o el Valle de Sula, estas se regresaron a sus territorios. A todo esto, se sumó la llegada de los huracanes. Aún así no todo fue malo. Con el apoyo de FCAM creamos otras experiencias hermosas, como el Guancasco de las Semillas, esta es una práctica ancestral del pueblo Lenca, donde nos juntamos y coordinamos. Se decidió de alguna u otra manera con el Guancasco, establecer un sistema de cambio de semillas. Los granos y semillas se fueron moviendo de un lugar a otro, en todas las comunidades. Aún en tiempos de pandemia y confinamiento fuimos capaces de producir nuestras propias hortalizas, sembramos maíz y frijoles. Un 90% de las compañeras lograron sacar la cosecha y almacenarla. Eso me da mucha alegría porque sé que este año habrá comida. Desde ahí fuimos y vamos construyendo esperanza, y otras formas de resistencia y defensa, no solamente contra los proyectos corporativos, sino también a la defensa de nuestras semillas originarias, recuperación de la consciencia, el trueque, intercambio y de todas las prácticas ancestrales que se habían dejado de hacer producto del modelo y del sistema”, mencionó Vásquez.
Para Betty el apoyarse entre las comunidades fue como crear un tejido de solidaridad y de apoyo humanitario.
Era hermoso ver cómo compañeras mandaron sus frijoles o maíz a otras comunidades que habían perdido todo y estaban afectadas. El maíz que se produjo en Santa Bárbara viajó hasta barrios de Tegucigalpa. Esa experiencia comunitaria da fuerzas y energías, dentro de un contexto ambiental vulnerable”.
Instalación de proyectos y silencio total por parte del Estado
En Honduras hay alrededor de 137 concesiones mineras y de energía, y cerca del 20 por ciento de estas se encuentran en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos del mundo, para la defensa del medioambiente.
Al menos en Santa Bárbara hay más de 31 proyectos hidroeléctricos grandes. Luego crearon dos proyectos más que son El Tornillito y El Zompopero, que están arriba de Santa Bárbara entre Comoyagua e Intibucá, sobre el Río Ulúa. Estamos hablando de cuatro proyectos hidroeléctricos que van a a producir de 150 megawatts más de energía. Acá hablamos de más de 15 municipios de Santa Bárbara que serán afectados con desplazamientos, desalojos, pérdidas de áreas productivas, pérdidas de carreteras, de territorios, etc. Se nos vienen cosas graves”¹.
Según datos de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, durante el 2019 y 2020, los proyectos de infraestructura (principalmente producción de energía hidroeléctrica, geotérmica, solar y bioenergía), fueron responsables por la mayoría de los conflictos registrados en Honduras. Estos conflictos tienen un efecto multiplicador, pues afectan a mayor número de comunidades y violan numerosos derechos simultáneos, y al extender este impacto a las poblaciones adyacentes, con repercusiones a corto y largo plazo.
Para Betty es importante remarcar que hay un abandono por parte del Estado y que continúan promoviendo un modelo que es insostenible, contaminador y extractivista, que ha ocasionado que el Valle de Sula sea un territorio altamente vulnerable a los desastres naturales causados por el cambio climático y cómo a pesar de todo las empresas y el mismo gobierno siguen promoviendo grandes proyectos extractivistas y de infraestructura que dañan los territorios y a los seres vivos.
Nadie está hablando del abandono completo del Estado con las obras de mitigación, como los bordos o barreras en las riberas de los Ríos Ulúa y Chamelecón, conocidos como el tapón maya. Esos bordos fueron creados con cooperación internacional solidaria después del huracán Mitch y son obras que hay que darles mantenimiento, pero el gobierno se olvidó de ese mantenimiento y aunque aprobaron presupuesto, nunca lo hicieron. Entonces, parte de la inundación del Valle de Sula es porque no se les dio mantenimiento a esas obras de mitigación de desastres”.
Tampoco nadie habla de la Mina El Mocho que tiene 60 años y que todos los deslizamientos y derrumbes en las montañas de Santa Bárbara son producto de la extracción minera subterranea que ellos hacen. Nadie habla de la Mina de San Andrés en Copán. Las aguas de esa mina caen al Río Ulúa y todo el cedimento se ha corrido libremente”, recalcó Vásquez
La coordinadora del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense (MAS) de Mujeres por la Vida, también explica que hay una complicidad entre las autoridades gubernamentales y los proyectos habitacionales, pues estos en muchas ocasiones son construidos en zonas de riesgo y sin estudios de impacto ambiental.
Hay un crecimiento desordenado. En el Valle de Sula se construyeron casas para venderles a los migrantes del occidente del país que vinieron a trabajar a las maquilas. Muchas de esas personas son las afectadas ahora con el paso de los huracanes”.
A pesar de que existe un rechazo de las comunidades por la construcción de estos mega proyectos, en la actualidad las autoridades pretenden seguir con la construcción de varias represas que dejarían sin fuentes de agua, contaminarían por completo el medio ambiente, ocasionarían desalojos y desde ya causan amenazas violentas hacia defensoras y defensores ambientales. El presidente Juan Orlando Hernández, en noviembre de 2020, declaró la construcción de represas una prioridad nacional.
Desde finales del año pasado hasta la fecha se ha manejado como punto prioritario, que para reconstruir el Valle de Sula se deben construir las represas. Ellos están jugando a que las personas en el Valle de Sula vayan a votar desde los escombros, desde la humedad y el lodo. Este es un año de elecciones y quieren cautivar a la población que está inundada con estos proyectos alternativos. Lo más seguro es que el gobierno sepa que esas construcciones no son factibles, pero ahorita lo que les interesa es mantenerse en el poder y legitimarse”, mencionó Betty.
Consecuencias del modelo extractivista, especialmente para las mujeres
El impacto de este modelo extractivista, depredador y machista tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social, destruye y desestructura comunidades, y obliga a los habitantes a subordinarse. A su vez, el exctractivismo aumenta la pobreza, la destrucción de los bienes naturales y destruye las comunidades indígenas. Sumado a todo esto, el asesinato a defensores y defensoras de los territorios.
La construcción de estos mega proyectos también traen consigo grandes repercusiones para las mujeres, ya que son quienes producen los alimentos para ellas y sus familias. De acuerdo con Vásquez la construcción de hidroeléctricas afectaría directamente a los cuerpos y vidas de las mujeres.
Por ejemplo, el agua va a ser limitada y las mujeres van a tener que acarrerar el agua desde otros lugares y al ser despojadas de algunas comunidades aumenta la migración forzada y con ella se van muchas mujeres y abandonan las comunidades con sus hijos, creando una situación de vulnerabilidad y riesgo para ellas”.
“Los proyectos extractivos en su totalidad y generalidad afectan a todas las personas y al ambiente, el territorio en sí se ve en riesgo y vulnerable, pero en específico afecta a los pueblos originarios, ya que se les violenta ese derecho a la autodeterminación y a sus prácticas ancestrales, y a vivir en un ambiente sano. De igual manera los impactos lo reciben las mujeres, ya que el extractivismo aparte de generar despojo y desplazamiento también va reduciendo la capacidad de las zonas productivas, el acceso a la tierra en igualdad de condiciones y la tierra o los bienes patrimoniales se convierten como recursos que sólo son comercializados desde la lógica del patriarcado y donde las mujeres no toman decisiones sobre sus tierras, sus casas, porque las empresas siempre están hablando de los dueños de las propiedades refiriéndose a los hombres y en ningún momento consultan a las mujeres o se refieren a ellas como dueñas de esos territorios, del agua, de los animales, de las semillas. Las mujeres son las que han asumido retos enormes por la recuperación de todas estas prácticas ancestrales de vida en los últimos años y de igual manera el modelo extractivo sólo tiene una lógica patriarcal y vertical”, añadió Betty.
Desde esa lógica machista los gobiernos y los encargados de estos mega proyectos no socializan la información con las mujeres y solamente la comparten con los hombres, a quienes llaman líderes o jefes.
“El patriarcado se ve reflejado en los patronatos, juntas de aguas, los comités de desarrollo y en esas instancias. Si se hace una valoración de la cantidad de mujeres que participan con relación a los hombres, quizás el 15% son mujeres y el 85% son hombres. Las mujeres hacen otras valoraciones de estos proyectos, para ellas tienen una connotación más profunda, va desde lo colectivo, desde lo integral, desde la cosmovisión, mientras que las visiones de los hombres son más individuales y más enfocadas al costo-beneficio, en relación con lo que generan estos proyectos para ellos. Así que desde esa lógica las mujeres están en desventaja en todas las dimensiones que consideremos y valoremos”, agregó.
¿Qué se puede hacer?
Para mitigar todo lo que ha ocurrido en el Valle de Sula, la construcción de represas no es una solución. Yo hice una gira por algunas comunidades que van a ser afectadas por las represas y la gente me ha dicho: ´a nosotros nos preocupa que nos desplacen, no sabemos qué pasará en el 2021, nos preocupa que nos vengan a instalar un proyecto y no respeten el derecho a la consulta o a la decisión´. Es una incertidumbre la que vivimos. A la empresa privada no le importa lo que la gente esté pensando, a que nos vamos a enfrentar a un Estado fallido que no respete las voces y las resistencias”, compartió Betty Vásquez, coordinadora del MAS.
Para Vásquez lo que se debe hacer en el Valle de Sula es un trabajo de reconstrucción y reubicación de las comunidades, centros y poblados, además de eso, se debe recuperar la economía de las zonas productoras.
Sólo están hablando de hacer las represas, aquí se destruyeron alrededor de 150 mil quintales de café y nadie habla de recuperar y reactivar a las zonas productoras. Acá hay zonas desplazadas en un 100% porque ya no son habitables, no hay saneamiento del agua. Problemas estructurales tan grandes no se van a solucionar con la construcción de proyectos hidroeléctricos”.
¹Según datos y las proyecciones del Ente Operador Regional del mercado eléctrico de América Central (Informe de Planeamiento Operativo) para el 2023 se aumentará la capacidad eléctrica, con base a energía hidroeléctrica, eólica, solar y geotérmica: hidroelectricidad cubrirá el 55% de la demanda de Centroamérica, la generación térmica un 23%, la generación eólica y solar un 12%, la geotermia un 8%. Esto implica que como políticas regionales se está apostando por inversiones y proyectos que generen energía por medio de estas fuentes.
“Mujeres hondureñas crean un tejido solidario ante el extractivismo” es un artículo creado para la Campaña Las Mujeres Somos Agua de la Alianza GAGGA. Puedes encontrar una versión corta de esta publicación en el sitio web de GAGGA website