Ante las carencias de un Estado que no logra garantizar autodeterminación ni autonomía de recursos para su población, las organizaciones de mujeres y los sindicatos han realizado acciones donde muestran la justicia económica que quieren construir. Buscan solucionar el problema de raíz y garantizar los derechos laborales y la justicia económica para las mujeres en todas sus diversidades.
Yohana Montenegro estaba cerca de cumplir 14 años cuando empezó a trabajar en la maquila Cambridge, un lugar al que le dedicó 15 años de su vida, hasta el 28 de marzo de 2008: el día que despidieron a 400 trabajadores y trabajadoras, incluida ella.
A través de una práctica ilegal, que Montenegro asegura ocurre aún, las maquilas que se dedican a la confección y el ensamblaje de piezas de ropa para exportación hacen un aparente cierre de operaciones. Con el objetivo de no perder los privilegios fiscales que el decreto 29-89, Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, garantiza para este tipo de negocios durante sus primeros diez años, los dueños de Cambridge cambiaron de nombre, despidieron a sus empleados y se trasladaron de lugar.
Según relata Yohana Montenegro, los despidos se realizaron injustificadamente y sin los pagos de las prestaciones correspondientes:
La mayoría recibió una barbaridad: una quincena les dieron porque no iban a pagar indemnizaciones y a los trabajadores y trabajadoras no les quedó de otra que aceptar aunque sea eso.”
En Guatemala, el acceso a un empleo digno no es fácil. Las plazas en el sector denominado “formal” no son muchas, ni para todos. Los requisitos que van desde los niveles de escolaridad hasta contar con equipo propio —como carro o computadora—, no los cumplen la mayoría de personas que buscan trabajo o recién ingresan al mundo laboral.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “COVID – 19 y el Mundo del Trabajo: Punto de partida, respuesta y desafíos en Guatemala” publicado en 2020, la tasa de desempleo de mujeres en el país es de 3.5% —ligeramente superior a la de hombres, que representa el 2%—. “La alta incidencia de la informalidad es un rasgo importante del mercado laboral guatemalteco”, se lee en el estudio, “cerca de la totalidad de la población ocupada —el 75%— tiene un empleo informal”.
Además, se explica que las mujeres son un grupo particularmente importante. “A raíz de la amplia labor que desarrollan en los sectores más afectados (en particular el de los servicios). El 70.4% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector terciario, frente al 36,3% de los hombres. Las mujeres tienen menor acceso a servicios de protección social (únicamente el 19.2% cuenta con afiliación al seguro social), soportan una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial o de cuido”.
Estas cifras demuestran la necesidad de garantizar que las mujeres trabajadoras tengan acceso a empleo decente, autodeterminación y control sobre sus recursos económicos, lo cual se considera parte de un término amplio conocido como: “justicia económica”. Pero, aunque en Guatemala existen leyes y convenios que castigan la discriminación en contra de mujeres trabajadoras, organizaciones y sindicatos, aseguran que esto no es suficiente para garantizar que exista justicia económica.
Según la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), una organización feminista internacional que apoya a movimientos que buscan lograr la justicia de género y los derechos de las mujeres, la justicia económica implica, en esencia, situar los derechos, la igualdad y la justicia en el centro de la economía; asegurar una distribución justa de los recursos para toda la ciudadanía; y lograr la autodeterminación y la autonomía económica de las mujeres.
La justicia económica también incluye que las mujeres puedan tener dominio de su tiempo, control de sus recursos económicos y libertad para tomar decisiones en los espacios públicos y privados, explica en una entrevista realizada para este reportaje Flora Partenio, socióloga y activista feminista de la Red Dawn en Argentina.
Sonia Escobedo, economista feminista y ex secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM), considera que las trabajadoras se enfrentan a desventajas estructurales que complican el acceso a la justicia económica en Guatemala. A su criterio, los principales obstáculos son el incumplimiento de la legislación por parte de las empresas y que el Estado no garantice la protección de sus derechos laborales.
Existe una propuesta que busca disminuir la brecha de género y la desigualdad laboral y económica que viven las mujeres: la economía feminista. Esta es una perspectiva integradora que reconoce que los sistemas en los que vivimos no cubren las necesidades de todos y todas. Se presenta como una apuesta política que cuestiona la economía clásica y hegemónica, y una invitación a repensar en los trabajos domésticos, de cuidados, productivos y reproductivos que tradicionalmente recaen sobre las mujeres.
Los trabajos asistenciales y de cuidados que realizan las mujeres no son valorados, ni reconocidos, ni bien pagados, ni redistribuidos. Y es desde ahí que nace la necesidad de buscar cambios que visibilicen esta situación y el trabajo de cuidado.
“La economía feminista viene a vincular mundos habitualmente separados: el de de las finanzas, deuda y alta producción y el de la vida cotidiana. Al juntar esos mundos muestra que lo que pasa en los hogares tiene mucho que ver con lo que pasa en las altas finanzas”, explica Flora Partenio.
El trabajo doméstico es una palanca que podría frenar el sistema. Sin trabajo doméstico se detiene todo: no habría clase obrera, ni fábricas que funcionen, porque nadie lavaría uniformes, ni prepararía de comer. El trabajo doméstico es lo que amortigua las crisis”, añade.
“En contextos de crisis, el Estado tiende a retirarse, a desinvertir, a recortar gastos. Recortan políticas y programas sociales como los alimentarios, la asistencia a la pobreza y demás. Y luego hay desinversión en servicios públicos como educación, salud, transporte e infraestructura. Cuatro áreas centrales para el impacto en la organización social del cuidado. Cuando el Estado retira recursos para infraestructura, los centros de atención para discapacidad —por ejemplo—, son las mujeres, que desde sus hogares asumen esa carga de trabajo”, concluye la socióloga.
La denuncia no siempre tiene el final esperado
De acuerdo con las organizaciones de mujeres trabajadoras consultadas para este reportaje, hay sectores en los que se reportan más abusos e incumplimientos a la seguridad social como las maquilas, el trabajo agrícola y el trabajo doméstico. También aseguran conocer casos de vulneraciones de derechos dentro del mismo Estado en los que se han vulnerado los derechos laborales de las mujeres trabajadoras.
Yohana Montenegro, la mujer que fue despedida de la maquila Cambridge, conoce muy bien cuál es el transcurso de una denuncia de este tipo. Tras su despido injustificado en 2008, 80 personas —76 trabajadoras y 4 trabajadores— no aceptaron ese último pago y presentaron en el Ministerio de Trabajo su denuncia. “Eso lloró sangre. Ese proceso para nosotras tuvo muchos tropiezos y tormentos, sobre todo para mis compañeras que ya eran madres”, recuerda Montenegro.
En Guatemala, existen cuatro instituciones que registran casos de incumplimiento laboral. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), como ente rector de temas laborales; el Ministerio Público (MP), cuando los conflictos laborales escalan, no logran resolverse en la Inspectoría General de Trabajo —la vía civil— o existen más delitos; el Organismo Judicial (OJ), donde se concentran los juzgados de trabajo a los que llegan los casos; y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que cuenta con sus propios inspectores y que, según su propia ley orgánica, puede realizar inspecciones ante posibles infracciones.
La denuncia del grupo de empleadas y empleados al que pertenecía Yohana Montenegro no se logró resolver en el Ministerio de Trabajo. La vía administrativa no fue suficiente para que los empresarios a cargo de la maquila Cambridge se hicieran responsables. Por lo que se trasladó el proceso a los tribunales de trabajo del Organismo Judicial, y cinco meses después —en agosto de 2008— recibieron una resolución de que el empresario debía pagar Q2,028,236 (unos 264 mil dólares), a favor de los y las trabajadoras.
Eso fue algo grande: nosotras hicimos bulla, llamamos a la prensa y buscamos que nuestras voces fueran escuchadas. En ese recorrido, hubo obstáculos desde que una letra estaba mal puesta hasta que el empresario no recibía la documentación, y nosotras hicimos hasta de notificadoras, todo en búsqueda de justicia”.
Montenegro
Sin embargo, Montenegro describe esta resolución como “una broma y un chiste, porque ganar la denuncia se quedó en un papel y nunca nos pagaron”. El grupo de trabajadoras y trabajadores intentó que se cumpliera con lo que mandó el tribunal, pero esto solo resultó en intimidaciones por parte de los empresarios de Cambridge. En 2009, Yohana Montenegro asegura que fueron objeto de seguimiento por meses. Ella sufrió un intentó de secuestro y otra persona reportó vigilancia en su domicilio.
Además, de las 80 personas incluidas en la denuncia, dos mujeres fallecieron antes de recibir cualquier tipo de justicia.
Cuando la adversidad puede ser abono
La justicia para nosotras las trabajadoras no existe. Un año después intentamos conseguir trabajo pero no conseguimos porque nos incluyeron en las listas negras de Infornet. Estamos convencidas que ese registro proviene del Ministerio de Trabajo porque solo ahí saben quién puso una denuncia”, dice Montenegro.
Infornet es una empresa guatemalteca que cuenta con una base de datos donde recopila información de “registros públicos, juzgados, tribunales, referencias comerciales y comportamiento de pagos de tarjetas de crédito” de las personas, según su sitio web. Esta información es puesta a disposición de empresas que la pueden utilizar para comprobar la situación de una persona antes de autorizar préstamos, alquileres, compras o incluso optar a un trabajo. En 2020, un juzgado multó a Infornet por divulgar y comerciar con datos personales y pidió al Ministerio Público investigar posibles delitos.
Yohana Montenegro y sus compañeras se consideran a sí mismas como “quemadas en el mercado laboral”, ya que aparecer en ese tipo de listados les ha impedido conseguir empleo. Por esa razón, la socióloga Flora Partenio considera que la historia de Yohana muestra diversas formas de violencia que las mujeres trabajadoras enfrentan.
Por un lado concentra violencia económica —al no conseguir empleo— y por el otro lado laboral —al ser discriminada con los listados—. Pero al mismo tiempo su historia muestra cómo ella encabeza la lucha para las mujeres de su ciudad y de su edad, que se enfrentan a un poder tan tremendo pero mantienen reacción y resistencia”, analiza Partenio.
De hecho, ante estas carencias del Estado y a pesar de la falta de aplicación de justicia, una parte de las denunciantes de la maquila Cambridge se organizaron para superar esta situación. Se acercaron a organizaciones de mujeres y comenzaron a recibir información sobre cómo construir espacios seguros para ellas y conocer más sobre sus derechos y economía feminista.
Con el tiempo nuestra misión y visión,como grupo, fue cambiando. Nos dimos cuenta que lo que queríamos era que nadie pasara por lo mismo que nosotras. Seguimos empoderándonos y aprendiendo para apoyar a más mujeres. De 76 que éramos inicialmente quedamos 70 y nos convertimos en defensoras de derechos laborales”, explica Montenegro.
En 2010, fundaron el Comité Cambridge, una organización que busca empoderar a más mujeres mediante una red de trabajadoras de maquila, en la que les brindan apoyo para encontrar empleo o para superar cualquier abuso.
En 2014 recibieron apoyo financiero y comenzaron a trabajar con más fuerza en el acompañamiento de casos de renuncias, despidos y malos tratos dentro de las empresas. También organizan manifestaciones, conferencias de prensa y realizan talleres de formación y capacitación alrededor de los derechos humanos, laborales y el autocuidado.
Yohana Montenegro -junto a sus compañeras de organización- ha conseguido estos avances para el Comité Cambridge mientras también asume, sola, la crianza de su hijo y el tratamiento de su madre, que sufre una enfermedad renal crónica.
Este es un ejemplo de la vida que llevan estas mujeres luchadoras sin dejar de cuidar. Mientras ella lucha, monta una organización y suma a otras mujeres, y debe seguir cuidando de otros como su mamá y su hijo. Y para eso no recibe ningún tipo de apoyo ni de protección estatal”.
Flora Partenio
Las mujeres organizadas generan cambios
El Comité Cambridge es una de varias organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos laborales y buscan apoyar a las mujeres trabajadoras.
Así como Cambridge es principalmente un espacio para las trabajadoras de maquila, existen otros como la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (ATRADOHM), el Sindicato de trabajadoras domésticas, similares y a cuenta propia (SITRADOMSA) y algunos que realizan más incidencia política como la Alianza Política Sector de Mujeres (APSM).
Ante las carencias del Estado, que no logra garantizar la autodeterminación de las mujeres y la autonomía de sus recursos, este tipo de organizaciones de mujeres y sindicatos han realizado acciones donde muestran la justicia económica que quieren construir. Buscan solucionar el problema de raíz para evitar que situaciones de discriminación laboral se sigan dando. O replantear completamente el sistema para generar mejores condiciones para todas y todos, como lo propone la economía feminista.
Desde ATRADOHM, SITRADOMSA y Cambridge, además de apoyar con acompañamiento y asesoría legal, brindan talleres para mujeres y jóvenes trabajadoras a punto de iniciar su vida laboral, con el fin de “que comprendan que son sujetos de derechos, que merecen buenos tratos, salarios, indemnización, condiciones mínimas, porque son el aporte al desarrollo, economía y producción de este país”, explica Floridalma Contreras, quien funge como secretaria de educación y formación de SITRADOMSA.
En la Alianza Política Sector de Mujeres (APSM) también ofrecen capacitaciones y cuentan con una iniciativa llamada “alternativas económicas emancipadoras”, que es una escuela de economía feminista en la que mujeres se han reunido “para hablar, sentir y debatir sobre la reproducción, producción, consumo y uso de la naturaleza”.
De acuerdo con Marta Godínez, integrante del Sector de Mujeres, este:
Es un trabajo de sensibilización, un trabajo de formación para que conozcan sus derechos y que pongan conciencia sobre que el trabajo de cuidado, pagado o no pagado, representa un aporte a la economía y debería de ser reconocido”.
A través de esta escuela y de ferias, encuentros y talleres, se ha logrado, por ejemplo, impulsar una agricultura sostenible, y la organización asegura que ha logrado que varias mujeres empiecen a producir para el autoconsumo. Este tipo de organizaciones e iniciativas de mujeres trabajadoras organizadas además de apoyar y capacitar directamente a otras, realizan investigaciones, conferencias de prensa y participan en reuniones y mesas de diálogo para evidenciar las condiciones e incidir en que se realicen cambios significativos a través de las leyes, los programas y las políticas públicas.
La APSM, junto con más de 100 organizaciones, han constituido la plataforma para la Ley de Desarrollo Económico (LeyDem), para buscar la creación de mejores condiciones, a través de los procesos tradicionales y presentaron la iniciativa 5452, que busca aprobar esta ley. La iniciativa se presenta como una herramienta que busca facilitar condiciones de desarrollo y empoderamiento económico para las mujeres.
Plataforma por la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (Plataforma LeyDEM), es una alianza de más de 100 organizaciones de mujeres a nivel nacional que se ha constituido para promover la aprobación de la iniciativa 5452, Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres que actualmente se encuentra en el Congreso de la República.
Dalila Vásquez, de la Asociación de Mujeres Madre Tierra y parte de la Plataforma LeyDem, explica que esta iniciativa pretende combatir las violencias económicas hacia las mujeres guatemaltecas.
Nosotras consideramos que si el Estado invierte en las mujeres estaría desde ya reconociendo el trabajo que realizamos. Y la iniciativa cuenta con tres programas financieros que son: Emprende Mujer, que consiste de un capital semilla de fondos públicos no reembolsable; Credimujer, que busca dar la oportunidad de acceder a créditos a una población a la que históricamente se le han negado por no cumplir con los requisitos; y el tercero consiste en un subsidio para mujeres u organizaciones de mujeres ya con un emprendimiento consolidado pero que aún necesitan mejoras tecnológicas o de producción para que puedan lograr cubrir esas necesidades. Eso del lado del apoyo económico, pero contamos con otros programas para que sea integral”, explica Dalila Vásquez.
Con la creación de un Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres y la presentación de programas económicos, financieros, técnicos y tecnológicos, se pretende impulsar e implementar iniciativas económicas, proyectos productivos y de empoderamiento económico de mujeres.
Para las organizaciones, esta ha sido una oportunidad de acercamiento a las clases políticas y tomadoras de decisiones para generar cambios concretos en la realidad económica de las mujeres trabajadoras. De aprobarse la ley, las mujeres guatemaltecas podrían recibir financiamiento, apoyo técnico y algún tipo de reconocimiento estatal por el aporte económico que realizan.
Si se continúa con proyectos de formación y producción -como los que realizan las organizaciones de mujeres- y se logra la aprobación de iniciativas como la Leydem y otras que buscan la equidad de género, personas como Yohanna Montenegro y las mujeres que integran y participan de grupos como Comité Cambridge tendrán más herramientas para salir adelante económicamente.
Este artículo fue escrito por el medio digital Agencia Ocote de Guatemala para FCAM.