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Los riesgos para las defensoras de la tierra en Honduras

Apr 28, 2022

En Honduras las luchas a favor del medio ambiente más emblemáticas han sido y son lideradas por mujeres. Elena Gaitán es la única mujer criminalizada de su comunidad después de enfrentarse a una hidroeléctrica que tiene concesión sobre el río Jilamito en el departamento de Atlántida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado que la criminalización de defensoras en Honduras aumenta las desigualdades sociales existentes.

Elena Gaitán es una mujer alegre, expresiva, pero su rostro cambia por completo cuando sentencia: «La guerra por el agua ya comenzó». Elena vive en Arizona, departamento de Atlántida, tiene 64 años y actualmente enfrenta un proceso de criminalización por defender uno de los últimos ríos de su comunidad, concesionado a una hidroeléctrica hondureña.

A Elena y cuatro habitantes más de Atlántida les acusan del delito de tentativa de usurpación de un espacio de suelo público, luego de que en mayo de 2017 la comunidad montó un campamento en una calle en señal de protesta contra el proyecto hidroeléctrico sobre el río de Jilamito. Actualmente, tanto Elena como sus compañeros, tienen medidas sustitutivas y semanalmente firman un libro en los juzgados de Tela, Atlántida, para comprobar su presencia en el país.

«Nunca me imaginé que el ser humano era tan cruel en ofrecer dinero sabiendo lo que es el agua, no entiendo», señala Elena y cuenta cómo desde pequeña ha sentido una profunda conexión con el agua y la naturaleza. Elena se crió cerca del río Jilamito y cuando a los 19 años se enteró de la crisis climática que vendría a futuro, decidió que debía involucrarse en las luchas a favor del medio ambiente. Desde entonces ha formado parte de las juntas de agua, organizaciones comunitarias que buscan administrar y gestionar el agua potable en su zona; por eso no es extraño que cuando se enteró de que vendría una hidroeléctrica a su comunidad, fuera de las primeras que decidiera comenzar a protestar en contra.

Elena Gaintán de 64 años ha sido procesada debido a su vínculo con la lucha por la defensa del río Jilamito. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Honduras actualmente se enfrenta a un modelo extractivo que ha concesionado gran parte del territorio. El informe Territorios en Riesgo III producido por Oxfam, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), explica que de los 298 municipios que tiene Honduras, en 200 existen áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía eléctrica.

El mismo informe señala que si todos los proyectos de generación de energía eléctrica que se encuentran en diferentes etapas (suspendido, en estudio, en proceso, aprobados, vigentes y en construcción) se activarán. Este sector crecería 145 % y pasaría de 112 proyectos a 307. «Si todos los proyectos previstos llegan a operar antes de 2021, su producción superaría las necesidades energéticas del país, aun tomando en cuenta los niveles de pérdidas energéticas, que para 2020 se reportaron en 37.8 %», señala el informe.

El proyecto hidroeléctrico Jilamito se concesionó a la empresa Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima de Capital Variable (Ingelsa) para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de USD 75,562 millones de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest, el 25.9 % por el capital de los socios y el resto aún busca un financista después de que la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) retirara su financiamiento en 2021 sin explicar sus razones.

La abogada Kotiza Ortéz, representante legal de Elena y parte del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, explica que mientras ocurre la criminalización de los pobladores, desde la organización buscan presionar «incluso desde quienes nos colaboran internacionalmente, para que se frene el financiamiento del BID. Si se lograra detener, se podría frenar al menos la construcción y que ya no sea viable este proyecto».

El 15 de mayo de 2017, varias comunidades del municipio de Arizona, Atlántida, instalaron un campamento en una calle de tierra que da al río. Esto con el fin de prevenir el paso de maquinaria para la construcción de la represa sobre el río Jilamito, principal fuente de agua para 16 comunidades. La acción terminó en la criminalización de Elena y cuatro de sus compañeros de lucha.

La abogada Karol Bobadilla, que tiene experiencia llevando casos de mujeres defensoras, explica que «La criminalización es una de las últimas herramientas que utilizan contra las mujeres que están incomodando a las grandes empresas, para poder limitar su participación pública».

Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), que tanto para ella como para muchas mujeres en el país es muy difícil reconocerse como defensoras: «Es un proyecto de vida y se hace de manera voluntaria, además hay muchas limitaciones logísticas y humanas que se carecen y no podemos hacer un acompañamiento de defensa y la otra es la alta criminalización, estigmatización, persecución y misoginia», explica.

Vásquez añade que para las defensoras cualquier acción en su contra es mucho más violenta porque son mujeres: «Vivimos en una sociedad patriarcal, machista, misógina, cuando hablamos las mujeres siempre nos tratan con más violencia y son más groseros, pero también tienen racismo y mucha violencia».

Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense. Tegucigalpa, 16 de diciembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

El caso de Elena no es el único en el país, en marzo de 2021 fueron detenidas las hermanas garífunas Jennifer y Marianela Solórzano, integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) acusadas del delito de usurpación daños y amenazas en perjuicio de la Sociedad Responsabilidad Bienes raíces JUCA de capital canadiense, esto en el marzo de un conflicto relacionado con terrenos en donde existen títulos de propiedad privada simultáneo a un título ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.

El Ministerio Público las acusa de los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas, el 7 de marzo tras la audiencia inicial del caso se le dieron medidas distintas a la prisión, pero aún continúan con el proceso judicial en su contra.

Posteriormente, el 16 de junio fue detenida Silvia Bonilla de 73 años y se le decretó arresto domiciliario. A Bonilla le acusaban de los mismos delitos que a Jennifer y Marianela Solórzano como parte de un grupo de 32 personas de esa comunidad. El pasado 2 de julio a Bonilla le dictaron sobreseimiento provisional, pero aún hay 29 órdenes de captura pendientes.

Para la abogada Bobadilla, cuando se llega a la criminalización, generalmente ya han ocurrido violencias previas que «van desde la intimidación y la violencia, porque rompen su rol socialmente establecido y dentro de sus comunidades les dicen que deberían de irse para sus casas porque ese no es su lugar. Este tipo de participaciones muchas veces va acompañada también de acoso e incluso la violencia sexual», añade.

La defensa del medio ambiente ha implicado amenazas a pobladores y pobladoras, persecución judicial y, en los casos más extremos, la muerte. El informe Territorios en Riesgo III denuncia que ese contexto de violencia impacta directamente a las mujeres que se oponen al extractivismo. Solo en 2015 se registraron 2000 agresiones contra mujeres «entre 2016 y 2017, 60 % de sus victimarios conocidos fueron policías, militares, autoridades del Estado o representantes de empresas privadas», detalla el informe.

Por su parte, la CIDH en julio de 2021 publicó un comunicado en el que advierte al Estado de Honduras que las investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento tienen un efecto que puede paralizar el trabajo de defensa, especialmente si son mujeres, lo que «aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes».

Bobadilla acompañó el proceso de documentación del caso de Margarita Murillo, una defensora del ambiente y líder campesina asesinada el 27 de agosto de 2014. Margarita Murillo es ahora uno de los rostros emblemáticos por la defensa del territorio en Honduras. Durante manifestaciones siempre se ve su imagen junto a la de Berta Cáceres, la líder indígena asesinada en 2016, en ese entonces coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). En ambos casos, los familiares y las organizaciones cercanas a sus luchas aún exigen justicia y condena a los autores intelectuales, además de señalar violencias propias de su condición de género.

Elena dice no sentir miedo por el acompañamiento que le han dado, tanto la comunidad como la organización de la que es parte: El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Señala que tanto su criminalización como la de sus compañeros es simbólica, pues varios habitantes se encuentran en contra del proyecto y son quienes se han tomado las calles. «Si nos llevan presos por defender el río, esperamos que nos apoyen y que la gente actúe, así como nos han acompañado cuando tenemos que ir a audiencias», dice.

La criminalización, el hostigamiento por parte de la empresa y las personas de la comunidad a favor de la hidroeléctrica no han detenido el campamento que montó la comunidad y que continúa situado a media calle. Con el paso del tiempo hasta han colocado luz eléctrica, un techo y se dividen los turnos para asistir a cuidarlo. Elena se emociona cuando habla de cómo esto ha unido a su comunidad: «Entre las 16 comunidades aportamos para que vaya gente a cuidar el campamento, para que las personas que estén ahí compren sus alimentos», cuenta.

Elena tiene una tienda de abarrotes, dice que desde los 19 años se dedica al comercio y con esa profesión ha logrado emplear y ayudar a muchas personas de su comunidad. Mientras cuenta su historia con el río Jilamito, se detiene a preparar una bolsa de insumos que pretende enviar a una de las personas que se dedica a diario a vigilar el campamento.

La abogada Ortéz añade que, al final, las mujeres como Elena, que son quienes deciden ir al frente en la reivindicación de sus derechos, se encuentran vulnerables ante cualquier ataque. «Tienen incertidumbre de su parte porque son quienes están en el territorio, ponen el cuerpo, son las que sufren estas acciones que pueda emprender la empresa, aunque tienen este espacio de solidaridad desde el campamento».

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) fue contactada para este reportaje y poder escuchar la versión oficial sobre las recomendaciones que los entes internacionales le han realizado al Estado sobre la defensa del medio ambiente que lideran muchas mujeres, pero nunca se otorgó siquiera una fecha para atender a la solicitud tras varios días de solicitar una entrevista a través del área de comunicaciones de esa secretaría.

Sobre el río Jilamito en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida se ha aprobado una concesión para la construcción de una hidroeléctrica a favor de la empresa inglesa. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Una institucionalidad que atenta contra la defensa ambiental

En 2015, Honduras creó el Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Sin embargo, en noviembre de 2021, las organizaciones campesinas, indígenas y sociales presentaron una denuncia en el Ministerio Público contra el mecanismo que califican como «un fracaso frente a las empresas extractivas y palmeras que se insertan violentamente en nuestros territorios (…) lejos de hacernos sentir protegidos, ha aumentado nuestra situación de riesgo», señala el comunicado.

Para la abogada Bobadilla una de las dificultades es que este mecanismo físicamente está en Tegucigalpa y eso impide que muchas mujeres puedan acceder a él, «es un mecanismo que no funciona porque no responde a las necesidades de la mujer, no tiene un análisis de riesgo con perspectiva de género».

La situación de la defensa ambiental en Honduras se agrava con las últimas reformas al Código Penal, aprobadas el 7 de octubre de 2021, que amplían el delito de usurpación y aumenta la pena de cuatro a seis años de prisión. Este código incluso incorpora la figura de «detentación del espacio público» como una modalidad del delito de usurpación a quienes «detentan el suelo o espacio correspondiente al derecho de uso de bienes públicos como el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o dominio público (…) con el propósito de impedir que una persona pueda desarrollar o continuar el ejercicio de sus labores afectando el normal desarrollo de sus actividades y derechos».

El 19 de noviembre de 2021, organizaciones sociales denunciaron ante la Sala de lo Constitucional estas reformas y pidieron que se declaren inconstitucionales. «Las organizaciones suscritas nos encontramos luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria», señalaron.

A su vez, la CIDH emitió un comunicado en noviembre donde llama al Estado de Honduras a revisar las reformas para adecuarlas a los estándares y compromisos internacionales, mientras que recordó que en el informe sobre la Situación de derechos humanos en Honduras de 2019 la CIDH «expresó su preocupación sobre el uso indebido del delito de usurpación, principalmente en perjuicio de quienes defienden el derecho a la tierra y el medio ambiente».

Para la abogada Bobadilla, esta situación de criminalización es sumamente importante de solucionar ya que el Estado debería de cambiar los mecanismos de acusación que tiene el Ministerio Público o reestructurar la institución, «El Ministerio Público no representa los intereses de una comunidad, no analiza los casos con los delitos que supuestamente se cometen más allá de una denuncia, más allá de los intereses de poder que están detrás de esas denuncias. Existe un nivel de ensañamiento muy fuerte con los defensores en general, pero específicamente en contra de las mujeres que se atreven a participar en espacios públicos», señaló Bobadilla.

Para Elena Gaitán es inconcebible la criminalización que sufre, aunque dice no sentirse sola y no tener miedo de las posibilidades del juicio. «No ha sido fácil, porque en medio del dinero es muy difícil. En la actualidad veo que muchos sumisos han nacido, que a todo le tienen miedo menos a morirse de la sed y yo a eso si le temo», sentencia.

Para Betty Vásquez del MAS explica que lo que muchas defensoras esperan es vivir en un territorio cuerpo libre de violencia y agresiones y un territorio tierra, libre de extractivismo, con consulta y toma de decisiones colectivas.

Vásquez agrega que las soluciones para mejorar el contexto de violencia que viven las defensoras en Honduras pasa por reformar el problema de impunidad que existe en el país y que se deroguen todas las leyes que atentan contra el medio ambiente como la Ley de Minería y la de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), incluso las leyes y reformas que tiene que ver con la criminalización de la defensa ambiental, entre ellas las reformas al Código Penal, «y que se liberen a todas las personas criminalizadas y judicializadas por defender el territorio, eso podría ser el primer ejercicio de justicia para los defensores de la tierra».

Este artículo fue escrito por el medio digital Contra Corriente de Honduras para FCAM.