Justicia y Sostenibilidad

Cómo la comunidad quilombola nos recuerda que la lucha contra el racismo ambiental es una lucha por la justicia climática

Desde 2007, el río Tatuoca, vital para la comunidad quilombola de Ilha de Mercês en Ipojuca, noreste de Brasil, se ha visto gravemente afectado por una presa construida por el Complejo Portuario Industrial SUAPE. Esta presa, destinada a ser temporal para el acceso a los astilleros, alteró drásticamente el ecosistema del río, devastando los manglares y el sustento de la comunidad.

Por FCAM | March 12, 2024
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Desde 2007, el río Tatuoca, vital para la comunidad quilombola de Ilha de Mercês en Ipojuca, noreste de Brasil, se ha visto gravemente afectado por una presa construida por el Complejo Portuario Industrial SUAPE. Esta presa, destinada a ser temporal para el acceso a los astilleros, alteró drásticamente el ecosistema del río, devastando los manglares y el sustento de la comunidad. Esta situación, que afecta predominantemente a las mujeres que dependen de estos manglares para la pesca de subsistencia, personifica el racismo ambiental: una comunidad marginada e históricamente oprimida que soporta la peor parte del daño ecológico. La resiliente respuesta de la comunidad implicó movilización, protesta pública y acciones legales, lo que llevó a la reapertura parcial del río en agosto de 2021. Sin embargo, su lucha continúa, exigiendo una restauración total y rendición de cuentas, visibilizando una lucha más amplia por la justicia ambiental, racial y de género.

En 2007, el Complejo Portuario Industrial SUAPE en Pernambuco, Brasil, inició un proyecto de graves consecuencias: la construcción de una presa de enrocado sobre el río Tatuoca. Este río, que forma parte esencial de un complejo estuarino entre el Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, no es sólo una vía fluvial, es el alma de varias comunidades pesqueras, en particular la comunidad quilombola de Ilha de Mercês, descendientes directos de pueblos esclavizados e históricamente oprimidos. Aquí, el río Tatuoca es más que un recurso natural; es una parte integral de su identidad cultural, una fuente crucial de sustento y un medio de vida.

La construcción de la presa, especialmente cerca de la desembocadura del río, alteró radicalmente el delicado equilibrio del ecosistema. El flujo de las mareas, que alguna vez marcó el ritmo de la vida para la vegetación de los manglares y la fauna que sustentaban, sufrió alteraciones que lo modificaron fuertemente. Este trastorno ecológico provocó la muerte gradual de los manglares, despojando a la comunidad quilombola de Ilha de Mercês y a otros pescadores locales de su principal fuente de alimentos e ingresos.

Esta crisis ambiental se vio exacerbada por la existencia prolongada de la presa. Lo que iba a ser una estructura temporal se transformó en un bloqueo de 17 años, asfixiando el río, sus bosques de manglar y su fauna, así como a las comunidades que dependen de estos. Este acto del SUAPE, impulsado por intereses comerciales en el territorio quilombola para nuevos proyectos como refinerías de petróleo, terminales para el transporte de minerales y astilleros, sumado a la negligencia o incluso la complicidad de los organismos de inspección ambiental, pone de relieve una inquietante tendencia de racismo ambiental.

La expresión «racismo ambiental» es un término utilizado para describir situaciones de injusticia social en el medio ambiente en un contexto racializado, es decir, en el que las comunidades pertenecen a minorías étnicas, como poblaciones indígenas, negras y asiáticas, las cuales se ven particularmente afectadas. El término denuncia que la distribución de los impactos ambientales no se da de manera equitativa entre la población, siendo la parte marginada e históricamente invisibilizada la más afectada por la contaminación y la degradación ambiental. El concepto fue creado para describir la forma en que las poblaciones más pobres y marginadas se ven afectadas de manera desproporcionada por impactos ambientales negativos, como la contaminación del aire, la contaminación del agua, las inundaciones y la deforestación. Esto ocurre porque estas poblaciones suelen tener menos poder político y económico para evitar o remediar estos impactos. 

La difícil situación de la comunidad quilombola de Ilha de Mercês ante la construcción de la presa sobre el río Tatuoca por parte de SUAPE muestra un caso claro de esto. La construcción y la presencia prolongada de la presa no sólo alteraron físicamente el paisaje, sino que también infligieron graves daños ecológicos que impactaron directamente las vidas y los medios de subsistencia de la comunidad quilombola. Este no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio en el que los afrodescendientes, los pueblos indígenas y los grupos económicamente desfavorecidos con frecuencia están sujetos a niveles más altos de riesgo ambiental que sus contrapartes más ricas, a menudo más blancas. En este caso, la decisión de construir y mantener la presa cerca del río Tatuoca, a pesar de sus efectos perjudiciales, refleja un desprecio sistémico por las preocupaciones ambientales y de salud de la comunidad quilombola.

Las mujeres de la comunidad sufren con mayor intensidad los efectos adversos de este abandono ambiental. Si bien los hombres suelen pescar en mar abierto, son predominantemente las mujeres quienes se dedican a la pesca artesanal en las zonas de manglares estuarinos. La destrucción de estos manglares impacta directamente en su dieta, ingresos y salud en general. Este impacto con componente de género del daño ambiental no solo subraya la interseccionalidad del racismo ambiental, sino que también resalta cómo los cambios ambientales pueden exacerbar las desigualdades de género existentes. Para las mujeres de Ilha de Mercês, la degradación del río Tatuoca no es sólo un desastre ecológico; es una amenaza existencial a su forma de vida, su salud y su patrimonio cultural.

La comunidad se embarcó en una campaña multifacética para abordar la grave injusticia ambiental que plantea la construcción de la presa en el río Tatuoca. Su estrategia abarcó una mezcla de incidencia, sensibilización pública y acciones legales. A través de una serie de reuniones y audiencias públicas, intensificaron sus esfuerzos para influir en los órganos de inspección. Al mismo tiempo, lanzaron la campaña de comunicación «Ríos libres, manglares vivos», que desempeñó un papel fundamental en la sensibilización del público sobre este asunto. La piedra angular de su enfoque fue el litigio estratégico, llevando su caso a los tribunales para buscar justicia.

Este esfuerzo concertado produjo resultados significativos. En primer lugar, aumentó la conciencia y el compromiso públicos, llamando la atención generalizada sobre las injusticias ambientales que enfrenta la comunidad. En segundo lugar, estimuló respuestas más proactivas de los organismos públicos, en particular el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública Federal. Estos acontecimientos condujeron a cambios tangibles sobre el terreno. En agosto de 2021, la empresa pública SUAPE inició la reapertura parcial de la presa, creando una abertura de 34 metros en la estructura de más de 170 metros. Esta acción proporcionó un respiro inmediato, aunque parcial, al río, e inició la restauración del ecosistema de manglares.

A pesar de este progreso, la comunidad reconoció que la batalla estaba lejos de terminar. Continúan abogando por la reapertura total del río, insistiendo en la eliminación total de la presa. Su persistencia rindió frutos en una audiencia de conciliación, donde consiguieron un compromiso para la reapertura total del río Tatuoca en los meses siguientes. Este compromiso marcó un hito significativo en su lucha de más de 15 años para restaurar el río Tatuoca, llevándolos al borde de una gran victoria: la recuperación total del río y la compensación por los extensos daños materiales y morales sufridos a lo largo de los años.

Si bien la reapertura parcial del río es un paso encomiable, la comunidad se mantiene firme en su demanda de la reapertura completa e inmediata del río Tatuoca. También buscan responsabilizar al Complejo Portuario Industrial SUAPE por los daños irreversibles causados por más de 15 años de obstrucción.

Nuestra lucha contra la represa es más que una cuestión local; es un microcosmos de la lucha global por la justicia y la equidad ambientales. Subraya la necesidad urgente de una financiación climática que reconozca y apoye soluciones climáticas con justicia de género que aborden la justicia racial a nivel local. El caso de la comunidad quilombo en Ilha de Mercês no es aislado. Es parte de la lucha global por la justicia ambiental, racial y de género. Hacemos un llamado para recibir apoyo e inversión en soluciones reales que promuevan la inclusión y aborden las desigualdades sistémicas que perpetúan el racismo ambiental.

– Fórum Suape – Espaço Socioambiental

La historia del río Tatuoca y la comunidad de Ilha de Mercês resalta la urgente necesidad de financiamiento climático arraigado en la justicia racial y de género. El apoyo financiero podría jugar un papel esencial en la restauración y preservación de ecosistemas vitales como los manglares del río Tatuoca, que son cruciales para los medios de vida de las comunidades locales, especialmente de las mujeres. Dicho financiamiento es necesario no sólo para proyectos de restauración ambiental, sino también para apoyar la incidencia comunitaria y acciones legales contra las injusticias ambientales. Al garantizar que el financiamiento climático sea justo en términos de género, reconociendo los desafíos y aportes únicos de las mujeres en estas comunidades, liderando el trabajo en la primera línea, se pueden hacer más efectivos los esfuerzos para abordar el impacto desproporcionado del racismo y la degradación ambiental sobre las mujeres y promover su participación activa en la toma de decisiones ambientales y en iniciativas de restauración.

Fórum Suape – Espaço Socioambiental es una organización que trabaja junto con comunidades afectadas por el Complejo Industrial Portuario de Suape (CIPS), ubicado en la costa sur de Pernambuco, apoyándolas a través de acciones pedagógicas, jurídicas y de visibilización, buscando así fortalecer su capacidad de organización e influencia política. 

Esta es una historia entre muchas de la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA), donde mujeres, niñas, personas trans, intersexuales y no binarias de comunidades locales e indígenas están a la vanguardia de la lucha por la justicia climática y medioambiental contra falsas soluciones climáticas. Ahora es el momento de aportar recursos a las soluciones climáticas transformadoras lideradas por mujeres, niñas, personas inter, no binarias y trans y detener la inversión en falsas soluciones climáticas. ¡Comprometa su apoyo para defender los derechos humanos e invertir en el liderazgo de las mujeres en soluciones climáticas con justicia de género!

GAGGA estará presente en CSW68 entre el 11 y el 22 de marzo de 2024. Para conocer oportunidades de colaboración y obtener más información, contacte a Noemi Grütter, Co-Coordinadora de Incidencia y Colaboraciones de GAGGA: n.grutter@fondocentroamericano.org. Para obtener información adicional sobre este artículo y el trabajo de Fórum Suape Espaço Socioambientali y para conectarse directamente, comuníquese con https://forumsuape.org.br/, @Forumsuape en Twitter o Forumsuape@forumsuape.com.br

Esta historia y las acciones de GAGGA en la CSW68 cuentan con el apoyo de Global Affairs Canada y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda. Su aporte ha sido fundamental en los esfuerzos de GAGGA para resaltar cuestiones y voces críticas en la CSW68.