- Lauri Cristina García Dueñas (cobertura de El Salvador).
- Andrea Godínez (cobertura de Guatemala).
- Dunia Orellana (cobertura de Honduras).
En El Salvador, Honduras y Guatemala la alianza entre la derecha político partidaria, el conservadurismo social y las iglesias (católica y evangélica) lograron la penalización absoluta o parcial de la interrupción del embarazo entre las décadas de los setentas y noventas.
En El Salvador, esto ha implicado que decenas de mujeres hayan sido juzgadas y condenadas hasta por 30 años de cárcel y denunciadas dentro de un sistema de salud público, cuyo objetivo es garantizar su salud.
En Honduras, las mujeres y activistas esperan que el nuevo gobierno autorice el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y legalice el aborto. Además, sostienen que es necesario ofrecer educación sexual integral laica y métodos anticonceptivos en los centros de salud.
En Guatemala, las mujeres y activistas indígenas creen que su lucha no está en la penalización o no del aborto, sino en su trabajo en las comunidades y el acompañamiento de la interrupción del embarazo que, dentro de la cosmogonías indígenas, se realiza desde el tiempo ancestral en Abya Yala-América, así como, cambiar la cultura machista patriarcal que infunde ideas y prácticas de odio y violencia hacia las mujeres.
El Salvador
“La despenalización absoluta del aborto es una deuda en materia de derechos y los derechos no se debaten” 1
El estado de la cuestión
Siete mujeres están encarceladas con condenas de 15 y 30 años, tras sufrir emergencias obstétricas y ser procesadas por el delito de homicidio cometido al supuestamente abortar, según datos de la agencia EFE publicados el 9 de marzo de 2022.
Estas salvadoreñas fueron procesadas y condenadas por el delito de homicidio agravado u homicidio agravado en grado de tentativa. Unas 147 mujeres fueron procesadas jurídicamente, acusadas de abortar entre 2002 y 2014, en su mayoría, tenían menos de 25 años.
En El Salvador las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias desde 1997. Algunas son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de hasta 30 años.
Karla Ayala, abogada y economista, especialista en litigio estratégico, reflexiona: “En los operadores de justicia, existe mucha resistencia a aplicar una visión de enfoque de género. Entonces, los hechos o los casos se valoran con un desenfoque de género. Existe mucho prejuicio machista a la hora de procesar a una mujer por el delito que sea o a la hora de cuestionarle penalmente”.
“La noche que tuvo lugar esa nefasta votación” 2
Morena Herrera (El Salvador, 1960), feminista y activista por los Derechos Humanos, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, explica que hubo dos hechos significativos que antecedieron a la “nefasta” votación de la Asamblea Legislativa del 26 de abril de 1997. Por un lado, una diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) tomó un protagonismo “breve” para llamar al cierre de clínicas que realizaban abortos como servicios médicos privados.
Por otro lado, la Fundación Sí a la Vida, junto con la jerarquía de la iglesia católica, impulsaron una fuerte movilización de iglesias y estudiantes de colegios católicos hacia la Asamblea Legislativa, presionando para que se eliminaran todas las formas de aborto no punibles y, con ello, lograr establecer la penalización absoluta del aborto3.
A finales de 1998, las y los legisladores que estaban en contra de la penalización absoluta analizaron la situación y empezaron a prepararse para tratar de impedir la ratificación de la reforma constitucional, pero esta sí se llevó a cabo.
Durante los años siguientes, comenta Herrera, predominó el silencio del movimiento feminista, el miedo a que las acusaran del delito de inducción al aborto y allí, reconoce, hubo una cierta autocensura.
“Quisiera agregar que el compromiso de luchar por el derecho a decidir de las mujeres ha estado presente en estos 32 años y, personalmente, siento una profunda satisfacción cuando veo que aquellas cinco, aquellas tres que éramos en algunos momentos, nos hemos multiplicado”, rescata la feminista.
“Los derechos no se debaten”
Alejandra Burgos, joven feminista de 34 años, integrante de la Red Nacional de Defensoras, denuncia la complicidad de la sociedad salvadoreña en la penalización absoluta del aborto: “Una sociedad que es doble moral, porque de la misma forma que no permite que la interrupción del embarazo sea un derecho, tampoco genera condiciones óptimas para la vida en gestación, las nuevas vidas o para las mujeres que sí deciden gestar”.
Burgos, quien viene de una familia de “lideresas natas”, afirmó: “Cada vida que llega al mundo debe ser parte de un proyecto que, si no es planeado, al menos sea abrazado, pero muchas veces no lo es, por ejemplo, en los casos de niñas que enfrentan violencia sexual reiterada o el de personas no binarias o trans cuyos embarazos son consecuencias de una violación correctiva”.
De acuerdo a esta activista, la legalización de la interrupción del embarazo contribuiría a reducir o eliminar la continuidad de este tipo de violencia.
“Necesitamos disputar el imaginario conservador”
Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, comenzó a organizarse a partir de su lucha antiespecista4 y ahora es un referente del feminismo salvadoreño y de la lucha por el reconocimiento del aborto como derecho.
En una entrevista virtual nos dijo: “Nosotras lo llamamos ‘el tránsito del hospital a la cárcel’. Es que las mujeres van al sistema de salud y esa instancia, que debería ser donde te den atención integral e información, se vuelve una antesala del juicio y se activa el sistema de justicia”.
Muchas “’son niñas, no madres’. Y, sin embargo, los embarazos impuestos, los embarazos a los diez, once, doce años siguen siendo una realidad cotidiana en el país”, denuncia.
Como solución, la activista propone seguir tejiendo redes entre mujeres y personas con capacidad de gestar.
“Hablar del aborto sin estigma es lo que conecta con el paso previo para cualquier tipo de despenalización. La despenalización social de cualquier proceso legal. Entonces, creo que es una disputa que hacemos del imaginario social: hablar del aborto en la casa, en la calle, en la escuela, en la universidad, con nuestras compañeras, con nuestra madres, con nuestras vecinas (…) posibilita romper con ese imaginario conservador”. “Es importante que estemos nosotras para desmontar esas narrativas del estigma y del odio a las personas que interrumpen sus embarazos, esa pedagogía de la crueldad, como dice Rita Laura Segato”, subraya y hace un llamado para darle seguimiento al caso de Beatriz, tan importante, como el caso Manuela 5.
“No permitamos que desdibujen nuestra agenda política feminista que posiciona al centro el cuerpo de las mujeres, de las personas gestantes, el cuerpo que, al final, es un espacio que también disputamos”, expresa.
Guatemala
Activistas indígenas proponen no solo despenalizar el aborto sino cambiar la cultura machista patriarcal que infunde ideas y prácticas de odio, y violencia hacia las mujeres.
En Guatemala, la penalización de la interrupción del embarazo afecta, sobre todo, a miles de niñas que son abusadas sexualmente y obligadas a convertirse en madres. Las activistas indígenas acompañan a las mujeres de sus comunidades más allá de lo que dicta el Código Penal con una visión más integral del cuerpo.
Antecedentes
El aborto terapéutico es el único avalado y no penalizado en el Código Penal de Guatemala. El Artículo 137 establece que el aborto terapéutico, es decir, cuando la vida de la mujer gestante corre riesgo, no está penalizado. Pero el médico debe contar con el consentimiento de la mujer y contar con, por lo menos, la opinión de otro médico que sustente el hecho de que la madre corre riesgo y deberá hacerse como una última opción.
En 2018, la congresista Sandra Morán del partido Convergencia llevó el tema al pleno, presentando una iniciativa de ley, con el apoyo de la Secretaría Presidencial de la Mujer, que buscaba mayor protección para las niñas y adolescentes menores de 14 años embarazadas y víctimas de violencia sexual. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por parte de grupos que impidieron la despenalización a través de una campaña “provida”.
La perspectiva urbana
Mariana tenía 11 años cuando quedó embarazada de un hombre adulto que le pagaba a Laura, madre de la niña, 100 quetzales (12 dólares aproximadamente) para acostarse con ella a pesar de ser menor de edad. Esto sucedió en uno de los municipios de la Costa Sur del país, con un alto índice de violencia contra las mujeres y abuso de menores.
Este es uno de los casos al que la abogada y defensora de derechos de las mujeres, Aurora Pereira, dio seguimiento durante la pandemia junto a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Aurora buscó medios para alojar a Mariana en un lugar seguro, pero, al enterarse Laura, tomó a su hija embarazada y se la llevó hacia otro municipio. Aurora y la PGN no volvieron a saber de ellas.
Stephanie Rodríguez, abogada feminista, defensora de Derechos Humanos e integrante del Grupo Multidisciplinario por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, hace énfasis en que, si existiera una buena cobertura en salud, que provea de métodos de planificación familiar y aborde una educación integral, otro sería el escenario en el país, pero la discusión está más dirigida hacia el castigo y las penas, cuando son las políticas públicas de prevención las que deberían primar.
Mientras los factores de educación sexual integral y métodos de planificación familiar no cambien, se seguirán practicando abortos de manera no segura, más mujeres seguirán muriendo y más menores seguirán siendo abusadas sexualmente, afirma.
“Para mí no es normal tener más de 5,000 niñas menores de 14 años embarazadas y no, no es normal que se mueran por tener que ser madres porque su útero no está preparado para serlo”, recalca la experta.
La perspectiva indígena y rural
De acuerdo a Chahim Vázquez, integrante activa de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial, el aborto tiene una dimensión política y espiritual, no sólo es algo físico y médico, sino que la dimensión espiritual conlleva un trasfondo de entrega, liberación y fuerza que se necesita para la interrupción de un embarazo.
“Para nosotras nuestro lugar seguro no es una legislación que apruebe el aborto, porque el tema, para nosotras, representa una emancipación del mundo que no es el mundo castellano. En principio, el lugar seguro es la sabiduría de las mujeres y la emancipación de esa sabiduría”, expresa Vázquez.
En su opinión, la urbanización, el capitalismo y el colonialismo representan muchas violencias cotidianas para las mujeres en los territorios. Considera que la concepción del “pecado”, construida por las iglesias, representa una violencia sistémica al vientre de las mujeres. Además, cree que el machismo y las costumbres machistas amenazan la vida y la libertad de las mujeres.
Chahim se dedica a acompañar mujeres en varios territorios del país, principalmente, en uno de los departamentos con uno de los mayores índices de violencia sexual y embarazos en niñas menores de 14 años. “La cantidad de violencia sexual a niñas y adolescentes que atendemos es impresionante, como también es impresionante la cantidad de impunidad en nuestro territorio”.
Para ellas el tema de la despenalización debería tener una definición más integral, una definición que debe incluir el sentir y los conocimientos ancestrales de los distintos territorios del país.
“En nuestros territorios hay un sistema de represión donde no solo afecta el estigma de que abortaste, sino que es una persecución legal, una persecución donde te pueden desaparecer, en la que cualquier loco misógino que tenga un detonador feminicida y sepa que practicaste un aborto porque te denunciaron te puede matar; las personas de una iglesia te pueden mandar a quemar y así”, comenta Chahim.
Chahim explica que, en algunos casos, han recibido amenazas de que las van a golpear, violar o desterrar.
Para Chahim y los territorios, es más importante cambiar la cultura machista patriarcal que infunde ideas, prácticas de odio y violencia hacia las mujeres.
Se trata de acompañar a despedir el miedo, la culpa, la tristeza y la acusación interna. Es decir, lidiar con toda esa otra dimensión de integrar los saberes de las guías y la sabiduría de las mujeres que acompañan a otras mujeres.
“La emancipación de las mujeres es infinitamente plural, al igual que los vientres. En los territorios, se sigue luchando por la autonomía de la decisión de las mujeres”, subraya.
Honduras
“El patriarcado no puede aceptar que la mujer decida sobre su cuerpo”6
Es necesario ofrecer educación sexual integral laica y métodos anticonceptivos en los centros de salud, sostienen las activistas, quienes tienen la esperanza de que el nuevo gobierno apruebe el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y el aborto.
Antecedentes
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en enero de 2021 una reforma a la Constitución que buscaba blindar la prohibición absoluta del aborto que ya existe en el país desde 1985. De acuerdo con la ONU, el número de abortos inseguros en Honduras podría ser entre 51.000 y 82.000 por año.
La reforma al artículo 67 estaba orientada a impedir que el aborto pueda ser legalizado en el futuro, donde está prohibido en todos los casos, incluyendo violación, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada esté en serio peligro.
La iniciativa “Escudo contra el aborto en Honduras”, aprobada en un solo debate, fue presentada el pasado 11 de enero por el vicepresidente del parlamento hondureño, Mario Pérez, diputado del entonces gobernante Partido Nacional. El artículo establece que es “prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”. También está prohibida la receta, venta y uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
Desde 2006 a 2018, 47 mujeres han sido judicializadas por el delito del aborto en el país. Durante el gobierno de la nueva presidenta Xiomara Castro, no ha habido iniciativas de cambios a dicha legislación7. Su mandato inició el 22 de enero de 2022.
La autorización de la PAE está en manos del secretario de Salud José Manuel Mathew y la Comisión de Género del Congreso Nacional de Honduras.
El obstáculo político
Vanessa Siliezar, experta en género y abogada feminista de UDIMUF (Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia) analiza la situación actual:
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro es manejado por hombres de tinte progresista que no se diferencian de los conservadores en cuanto al control sobre el cuerpo de las mujeres. La PAE es nuestro termómetro, ya que derogar el acuerdo ministerial que impide la distribución e información sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia es una acción administrativa.
“El gobierno está firmando pactos con el partido de la oposición para no dejar pasar acciones legislativas que liberen a las mujeres del yugo de su cuerpo, debido a la influencia de tomadores de decisiones de sectas religiosas conservadoras”, denuncia, lo cual es una tendencia en la región.
“Criminalizar el aborto no va a detener a las mujeres para seguir practicándolo, ya que es una práctica ancestral. La medicalización de la salud y la religión demonizaron la práctica ancestral porque el patriarcado no puede aceptar que la mujer decida sobre su cuerpo”, concluye.
El problema de la violencia y el miedo
Jinna Rosales, directora de Acción Joven, comparte que ningún gobierno que deje a un lado la situación de las violencias contra las mujeres en Honduras tendrá el silencio de las activistas. “Siguen siendo responsables de los embarazos forzados de niñas”, acota.
Según la Secretaría de Salud, cada día, tres niñas menores de 14 años se convierten en madres, producto de una violación sexual. Honduras posee la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en Latinoamérica.
Cada tres horas, una mujer o niña denuncia una violación.
En 2021, el Ministerio Público registró 2,896 denuncias de violencia sexual; de ellas, más del 53% tenían entre los 10 y 19 años.
“La aprobación de la PAE es una decisión urgente, posible, necesaria y que se debe implementar de forma inmediata para proteger a todas las mujeres y niñas de las consecuencias de la violencia sexual”, solicita.
“Sé por experiencia que, en su mayoría, las prohibiciones nacen del miedo y la desinformación sobre un tema. Lo más grave de todo es pensar que la píldora del día después afecta la vida de las mujeres. Eso no es verdad y no tiene fundamento científico”, comparte.
“¿Cuándo habrá voluntad política?”
Daniela Palma, directora de la organización Nosotras La Preferimos Sencilla, recuerda que el gobierno de Xiomara Castro prometió que iba a hacer cumplir el acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia y, posteriormente, el aborto.
“Actualmente, no notamos avances en materia de derechos humanos para las mujeres, sin embargo, pensamos que todavía existe la esperanza de algunas personas dentro del movimiento social de que se garanticen los derechos humanos de las mujeres, esto lo estamos viendo como una promesa a largo plazo de parte del gobierno de Castro”, espera.
“La pregunta es cuándo va a haber voluntad política para hacer valer los derechos de las mujeres. El ministro José Manuel Mathew no tiene voluntad porque tiene sesgos políticos y religiosos”, comenta.
El llamado
Andrea Rosales, punto focal de Comunicaciones en Somos Muchas, afirma que “esperamos que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumpla su promesa de aprobar la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia desde los Derechos Humanos y la salud, ya que muchos discursos han sido desde la desinformación y la polarización”.
Las niñas necesitan acceder a este medicamento para evitar embarazos no deseados, reflexiona.
“Debemos conectar nuestras luchas y trabajar de manera articulada para liberarnos, sin creer que cada quien es una isla. Es necesario ofrecer educación sexual integral laica y métodos anticonceptivos en los centros de salud. No es suficiente la legalización. También a nivel social debe entenderse lo que estamos solicitando”, reflexiona, como también lo hizo Sara García, feminista de El Salvador.
Recapitula que los principales enemigos para que el aborto no sea legal en Honduras son el Partido Nacional y los grupos fundamentalistas antiderechos que utilizan posturas antiaborto para hablar de la vida, aunque, denuncia que, durante años, han defendido la corrupción, la explotación, la violencia y el despojo.
- Frase de la feminista Alejandra Burgos.
- Frase de la feminista Morena Herrera.
- Según Richard Ryder, psicólogo, filósofo y activista por los derechos de los animales, quien acuñó el término en 1970, el especismo es la “discriminación o explotación de ciertas especies animales por los seres humanos, basada en la presunción de superioridad del género humano”.
- https://www.alharaca.sv/investigaciones/el-turno-de-manuela-contra-el-estado-salvadoreno/
- Frase de Vanessa Siliezar, abogada feminista.
- Fuente: BBC.