Lilian, la última de Las 17 y más por fin respira libertad luego de 7 años encarcelada y ser condenada a 30 años. “Estoy muy feliz por reunirme con mi familia, agradezco el apoyo de todas las personas que también lucharon por mi libertad y la de mis compañeras, como lo dije y lo repito: soy inocente. Pido, en nombre también de mis compañeras, que ya no sigan denunciando a más mujeres, que como nosotras son inocentes” (Celebramos la libertad de las 17 y más)
Este logro ha sido gracias al trabajo arduo e imparable de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y las distintas expresiones de los movimientos de mujeres y feministas de la región, pero a como dice Morena Herrera, integrante de la Agrupación, este es un logro dentro de un largo camino para la búsqueda y la materialización de la justicia, ya que “se continúa negando los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y en los hospitales públicos se siguen persiguiendo, procesando e intentando llevar a la cárcel a mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica”. (Celebramos la libertad de las 17 y más)
Una cacería con saña que empezó hace 26 años
Con la entrada en vigencia del Código Penal de 1998, se eliminaron todas las causales que le permitían a una mujer o a una persona con capacidad de gestar interrumpir un embarazo en El Salvador. Nos referimos a cuasales por problemas de salud, por violación y por incompatibilidad con la vida extrauterina.
La penalización absoluta del aborto en El Salvador se convierte en el inicio de una cacería sin precedentes. La Fiscalía General de la República personifica la presencia inquisidora que obliga al personal sanitario bajo amenaza de cárcel por encubrimiento, a denunciar todos los casos que ingresen a los hospitales públicos con sospechas de abortos provocados.
Esto significa que si una mujer o persona con capacidad de gestar, ingresa a un hospital público con una emergencia obstétrica, se le puede considerar sospechosa de aborto y llegar a ser condenada por homicidio agravado, con una pena de hasta 30 años o más de cárcel.
Entre 1999 y 2019, 181 mujeres fueron procesadas por aborto y emergencias obstétricas (Del Hospital a la Cárcel. 1998-2019). Pero, ¿quiénes son las mujeres perseguidas y encarceladas por el sistema de justicia salvadoreño?
Las persecuciones “no se ejercen contra todas las mujeres salvadoreñas por igual, sino contra aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad… y que sin ningún derecho a la defensa se han enfrentado a una maquinaria criminalizadora”. (Cada caso en su propio laberinto)
Estamos hablando en su mayoría de mujeres jóvenes, viviendo situaciones de pobreza, con muy baja escolaridad o analfabetas, muchas sin ingresos económicos, otras trabajando como empleadas domésticas, meseras, obreras o desempeñando oficios que no superan el salario mínimo, y, además, enfrentando solas su situación ya que quienes las embarazaron brillan por su ausencia.
Este común denominador pone en evidencia la persecución y saña del Estado salvadoreño contra las mujeres a quienes la penalización absoluta del aborto les niega varios derechos humanos: derecho a presunción de inocencia, derecho a una defensa eficaz, derecho al secreto profesional, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la vida. Lo que demuestra un problema sistémico y estructural de clasismo y racismo. Un claro ejemplo de falta de justicia reproductiva y falta de justicia social.
“Podría, por tanto, suponerse que las mujeres que son procesadas por aborto u homicidio agravado son las que, ante complicaciones obstétricas por un aborto inseguro o por partos adelantados y no atendidos, por su propia pobreza, bajo nivel educativo y marginalidad, buscan ayuda en la policía o el sistema público de salud, sin tener clara consciencia de que pueden ser acusadas de un delito”. (Del Hospital a la Cárcel. 1998-2019)
Movimientos que resisten contra viento y marea
En Centroamérica, la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, y del derecho a decidir, constituye un gran desafío y un altísimo riesgo para la seguridad, la vida y la sostenibilidad de activistas, defensoras, organizaciones, colectivas y redes que conforman los movimientos de mujeres y feministas. Precisamente, porque en nuestra región se encuentran algunos de los países más restrictivos en materia de aborto, con altos niveles de violencia estructural y falta de soporte institucional que garantice los derechos humanos, luchar, resistir y persistir para la defensa de la vida de las mujeres, requiere de resiliencia y creatividad política.
En El Salvador, un actor clave en la liberación de las mujeres encarceladas y en la búsqueda de justicia para ellas y sus familiares, es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la cual nace en 2009 al calor de la lucha por la libertad de las mujeres criminalizadas por partos precipitados y/o emergencias obstétricas.
La Agrupación germinó en un país cargado de autocensura individual y colectiva por el miedo a la criminalización y el encarcelamiento. Aun así, asumió públicamente el “Yo te creo”, que tuvo que ver con creerle a Karina, una mujer que había sido denunciada injustamente, condenada a 30 años de cárcel y liberada en 2009, luego del acuerpamiento y las acciones de la Agrupación Ciudadana y las redes de solidaridad que se generaron para la defensa de su inocencia.
La Agrupación Ciudadana se plantea tres líneas de acción: la libertad de las mujeres, cambio de imaginarios sociales y cambio de leyes.
“La necesidad de hacer una demanda eficaz y el aumento del número de casos de mujeres criminalizadas con estas condenas desproporcionadas nos llevó a tomar la decisión de agrupar y presentar una demanda colectiva con solicitudes de indultos individuales. Fue así como nació la campaña Libertad para las 17, no dejemos que sus vidas se marchiten. No eran todas las mujeres condenadas, sino aquellas cuyos casos documentados permitían la demanda de un indulto”. (Cada caso en su propio laberinto)
“Cuando iniciamos este camino —y esto tiene que ver con ese cambio de narrativas que comenzamos desde la Agrupación— empezamos a investigar quiénes son las mujeres que enfrentan estas consecuencias y esto generó, no solo que pudiéramos crear una estrategia jurídica feminista para lograr la libertad de las mujeres que habían sido criminalizadas, sino que también, conectó con el movimiento social, conectó con otras compañeras y recuerdo cómo los plantones que se han realizado frente a los juzgados, la solidaridad en la lucha para la libertad de Las 17, nos permitió no sólo conectar con el movimiento feminista de El Salvador, sino también que a partir de esas narrativas que ponían al centro la vida de las mujeres, que ponían al centro la posibilidad de que los Estados dejaran de perseguirnos, no sólo ha generado el acuerpamiento del movimiento, sino la libertad concreta de mujeres. Y esto tiene que ver con ese trabajo colectivo, con esa fuerza argumentativa que hay en nuestro movimiento, con esa posibilidad también de construir esperanza”. Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Sara comenta que todo lo que se ha hecho, como, por ejemplo, las luchas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha significado la construcción de alianzas, la creación de campañas comunicacionales y de incidencia política, ha significado también el litigio estratégico y la movilización social. Considera que los casos de Manuela y Beatriz ante el Sistema Interamericano, son un gran aporte de las centroamericanas porque han logrado que la Corte hable sobre esta temática y además de eso, han sentado al Estado salvadoreño a que escuche, sea juzgado, sea condenado.
En 2021 lograron que se condenara al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. A partir de eso, se generaron medidas de no repetición y medidas de reparación integral por el caso de Manuela.
En 2023 la historia de Beatriz fue conocida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Agrupación Ciudadana estuvo presente en la audiencia, con el acuerpamiento del movimiento feminista. La Sombrilla Centroamericana, también estuvo ahí. “Afuera de la Corte estuvimos no sólo acuerpando a las salvadoreñas, sino que también a la familia de Beatriz. Fue una gran oportunidad para la región porque, por un lado, se trata de la historia de una mujer que pidió un aborto, y a partir de eso, nosotras esperamos como medida de no repetición, que puedan cambiar estas leyes sumamente restrictivas, que se pueda reparar a la familia de Beatriz y que a partir de eso pueda haber justicia para todas en la región centroamericana”, concluyó Sara.
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